1980 BREVE BOSQUEJO HISTÓRICO DEL SEÑORÍO DE VILLENA Y SUS INTITUCIONES

EN 1980 SE CUMPLE EL QUINTO CENTENARIO DEL FIN DE LA GUERRA DEL MARQUESADO Y DE LA INCORPORACIÓN DEFINITIVA DEL SEÑORIO DE VILLENA A LA CORONA DE CASTILLA.

CON ESTE MOTIVO, EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL HAN PROGRAMADO DIVERSOS ACTOS CONMEMORATIVOS, QUE TENDRÁN LUGAR EN CORRAL RUBIO, ANTIGUA SEDE DE LAS JUNTAS DEL MARQUESADO DE VILLENA, EL DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE DE 1980, A PARTIR DE LAS 11 DE LA MAÑANA.

LAS ACTIVIDADES CULTURALES, EL RECITAL FOLCLORICO Y LA COMIDA POPULAR AL AIRE LIBRE SERÁN PÚBLICAS Y GRATUITAS. QUEDAN INVITADAS CUANTAS PERSONAS QUIERAN SUMARSE A LA CONMEMORACIÓN.

BREVE BOSQUEJO HISTORICO DEL SEÑORIO DE VILLENA Y SUS INSTITUCIONES.

AURELIO PRETEL MARIN

Durante largos siglos, antes de que se constituyera el Estado español, un pedazo de La Mancha, la llamada Mancha de Montearagón, territorio de límites geográficos mal definidos, a caballo entre los reinos de Toledo y Murcia, en el que se encuadra la mayor parte de la actual provincia de Albacete, vio nacer y desarrollarse en su suelo uno de dos señoríos más ricos y ambicionados de la Castilla medieval: el estado de Villena, que a lo largo de la Baja Edad Media vivió una existencia prácticamente independiente. Su situación en un magnífico cruce natural de caminos comerciales entre Castilla la Nueva y Murcia, Levante y Andalucía, la riqueza de sus pastos y la multitud de privilegios, como el de no pagar aduana, que los reyes habían acumulado sobre los pobladores de esta comarca fronteriza del reino aragonés de Valencia y expuesta a todos los peligros, repercutieron en un estimable desarrollo de la economía de sus pueblos y en una paulatina mejora del poblamiento, bastante escaso en un principio y muy diferenciado por su origen casi exclusivamente castellano del que se daba en el cercano adelantamiento de Murcia y en otras áreas circundantes, donde los mudéjares habían permanecido en mayor cantidad, o habían venido tras la conquista mayores efectivos humanos de la corona de Aragón.

Con excepción de los Manuel, creadores del estado y verdaderos artífices de su poblamiento y unificación progresiva, que fueron obedecidos con gusto por sus vasallos, los demás señores de estas tierras, desde don Alfonso de Aragón a Diego López Pacheco, tuvieron entre aquellos escasas simpatías. Los pesados impuestos y los conflictos en que sus ambiciones nobiliarias hacían entrar a los pueblos provocaran en ellos un fuerte sentimiento antiseñorial, visible en numerosos actos de rebeldía. Sin embargo, la presencia de los sucesivos duques y marqueses de Villena tuvo también otros efectos, derivados en parte del tremendo poder, orgullo y ansia de independencia de estos caballeros, tan poderosos como los reyes, entre cuyos parientes se contaron casi siempre.

Las villas del señorío, alejadas del resto de Castilla, con cuyos reyes llegaron a mantener crueles guerras, separadas de Valencia por una frontera política que sólo en algunos periodos se mantuvo en paz, y aisladas de la otra Mancha, la de las órdenes militares, y del adelantamiento de Murcia, por ser estas comarcas dependientes de otras jurisdicciones, hubieran de unirse entre ellas para su propia defensa, y acostumbrarse a vivir solas, sin apenas relaciones con las comarcas circundantes, extrañas cuando no hostiles. Entre los finales del siglo XIII y los mediados del XIV, bajo el dominio del belicoso don Juan Manuel (1284-1348), tan independiente que llegó a pretender el derecho de acunar moneda en sus posesiones, las antiguas tierras de su padre, don Manuel, se habían convertido ya en un verdadero «estado tapón», como lo han llamado los historiadores, situado entre Castilla y Aragón y vasallo en teoría de los dos monarcas, pero absolutamente libre en la práctica.

Pariente cercano de los monarcas castellanos y aragoneses, don Juan Manuel, que en ocasiones mantuvo guerras contra uno u otro de ellos, pero fue especial enemigo de Alfonso XI de Castilla, tenía flemas situadas en ambas jurisdicciones. Practicaba una política de turbia neutralidad, rota en muchas ocasiones, y trataba de igual a igual con los dos grandes estados peninsulares, lo que le valió amplias mercedes y títulos en Aragón y la categoría de primer caballero de Castilla. Nieto, primo, tío, yerno y padre de reyes de los principales reinos, sólo le faltó coronarse a sí mismo. No le hacía falta: fue regente, adelantado, príncipe, duque, y su poder sólo fue igualado por su ambición. En Castilla, su nombre infundía terror, pues además de por su afición a las letras, era conocido por sus violencias y salvajes venganzas. Sin embargo, con sus vasallos fue siempre muy distinto. Paternalista y considerado, aunque no débil, se ocupó de terminar la repoblación de sus dominios, emprendida por su padre, trajo colonos, dio grandes facilidades para el asentamiento, y llegó a distribuir sus propias tierras entre los vecinos de algunos pueblos. A él y a su fiel vasallo Sancho Ximénez de Laudares, deben su existencia y reconstrucción muchas localidades como La Roda, a la que dio término, o Tobarra, que había sido incendiada por los moros.

Bajo don Juan pudo la tierra de Montearagón desarrollar las naturales tendencias asociativas de sus pueblos. En pocos años, una tupida red de acuerdos intermunicipales, de Chinchilla con Tobarra, de Almansa con Montealegre, de Almansa con Chinchilla, etc., vino a estrechar los lazos entre ellos y hacer que se olvidaran antiguas rencillas. Los ganados empezaron a poder traspasar los términos de los distintos concejos del señorío, y los mercaderes circularon por los caminos. Las costumbres y hasta las propias fórmulas de gobierno municipal fueron unificándose bajo el impulso del señor, y llegaron a darse ordenanzas parciales que tenían vigor en todo el estado. Para robustecer aún más esta unidad y hacer que los pueblos se implicasen en sus acciones, don Juan procuró que en todos sus actos trascendentales (capitulaciones matrimoniales, testamentos y transmisiones de derechos sucesorios, acuerdos políticos, etc.), estuvieran presentes los procuradores de sus villas, que se reunían al ser convocados por él en unas «juntas» de carácter casi exclusivamente consultivo, y avalaban con su firma las decisiones, llevándole al propio tiempo noticia de las inquietudes y problemas de sus convecinos.

Aunque don Juan Manuel tuvo amplias atribuciones de gobierno sobre comarcas ajenas a su señorío, como Murcia, de la que fue adelantado, o como la ciudad de Cuenca, cuya guarda le estuvo confiada, estas zonas no formaron parte del estado de Villena, y siempre se contestó fuertemente en ellas la autoridad del noble. El territorio de don Juan, que había ido adquiriendo cada vez un carácter más manchego, al perder Castilla las tierras que en la actual provincia de Alicante pertenecieron a los Manuel (Elche, Monóvar, Santa Pola, etc.), se fue extendiendo hacia el interior, por tierras de Cuenca especialmente, gracias a las presiones que, sin grandes escrúpulos, ejerció el señor sobre la regente María de Molina. Una parte del extenso término de Alcaraz pasó a ser administrada también por él, y hasta la misma ciudad cayó bajo su autoridad de capitán, pasando, en algunas ocasiones, a ser un anexo del señorío, a pesar de la resistencia que siempre opuso a ello. Los dominios de don Juan Manuel y de la casa de Villena se extendían, pues, por la zona sur de la actual provincia de Cuenca, la más llana y mayor de la de Albacete, y una pequeña parte de las de Alicante y Murcia, sin perjuicio de tener otras posesiones mucho más lejanas, como Peñafiel o Escalona, escasamente relacionadas con el solar del señorío propiamente dicho.

Las luchas mantenidas por los vasallos de los Manuel con los pueblos del adelantamiento murciano y con los de la Mancha de las órdenes militares asentadas en tierras de Toledo, Cuenca y Ciudad Real, la independencia política de los señores de Villena, la labor de éstos impulsando los acuerdos de cooperación entre sus villas, y la costumbre de afanarse en común por el mantenimiento de sus derechos, privilegios y libertades, fueron los principales factores que influyeron en la creación de una conciencia regional que pronto unió a los concejos de «la tierra», como se conocía comúnmente al conjunto territorial que acabó por cristalizar bajo la autoridad del noble caballero y literato autor del libro de El Conde Lucanor. Sólo el señorío de Vizcaya, por citar el que tal vez pasa por ser el más compacto y celoso de sus privilegios, y algún otro gran conjunto jurisdiccional de la Castilla medieval, pudieron compararse por su amplitud, riqueza, sentido de comunidad y amor a los fueros y las tradiciones heredadas, con el de Villena, ya bien consolidado cuando mediaba el siglo XIV.

Aunque la guerra civil entre Pedro el Cruel y Enrique el de las Mercedes, complicada en estas tierras con el problema sucesorio habido entre los últimos herederos de don Juan Manuel, dislocó un tanto las relaciones entre los pueblos del señorío y llegó a separar de él algunos, no se perdió ya la idea de que todos ellos formaban parte de una comunidad histórica, y pronto vino a reconstruirse la unidad de «la tierra», que entre tanto había negociado las condiciones de su sumisión a la nueva dinastía vencedora en la contienda, exigiendo el máximo respeto a sus costumbres y la promesa de que ningún señor ajeno a la casa de los Manuel vendría a dominar sus antiguos estados. Enrique II, sin embargo, faltó a su palabra, y entregó el territorio, con nombre de Marquesado de Villena, a don Alfonso de Aragón, aliado suyo durante la guerra, noble extranjero y de poca confianza, pero que había contribuido a darle la victoria.

Aunque los pueblos del Marquesado se resistieron, al fin hubieron de aceptar por señor a don Alfonso (1372-1395), no sin antes hacerse confirmar por él todos los privilegios y costumbres de época de los Manuel. A pesar de su autoritario carácter, que no, tardaría en ponerse de manifiesto, don Alfonso supo comenzar su mandato recogiendo la obra de don Juan Manuel y sirviéndose de ella para aumentar su propio poder, la integración de sus estados y la independencia respecto a la Corona. Con él, estas tierras de La Mancha de Montearagón llegaron al culmen de su autonomía respecto al rey de Castilla, cuyas órdenes eran sistemáticamente desoídas, y cuyos súbditos de los reinos de Murcia o de Toledo recibían aquí el mismo trato de extraños que los aragoneses del reino de Valencia en las aduanas de Almansa y Yecla.

Las Juntas de procuradores del Marquesado continuaron asesorando al señor, y llegaron a absorber determinadas facultades legislativas sobre administración, defensa y seguridad de la tierra, con lo que se asimilaban en cierto modo a un pequeño parlamento donde los pueblos planteaban sus querellas e Inquietudes. Don Alfonso de Aragón era duro y autoritario, pero contó con sus concejos a la hora de promulgar ordenanzas que regulaban con carácter general, y particularizando en algunos casos, la vida económica del Marquesado, la celebración de ferias, el comercio, las tarifas aduaneras, el tráfico pecuario, etc.

Es preciso decir que por estas fechas el Marquesado, gracias a la inicia viva de sus pueblos y al apoyo prestado por los señores, se había consolidado ya y presentaba en lo económico, lo territorial y lo político, las mismas características que, con escasas variaciones, mantendría aún durante un siglo. Lo componían un vasto conjunto de tierras y poblaciones divididas en dos partidos o provincias por el límite religioso de los obispados de Cuenca y Cartagena. En cada uno de ellos, los concejos habían cedido en sus derechos en beneficio de la comunidad y se habían suprimido las barreras que antiguamente impedían el paso de ganados y mercancías y el aprovechamiento de los recursos naturales, sin perjuicio de que cada municipio conservase sus facultades jurisdiccionales y económicas sobre su término y mantuviera determinadas excepciones a la norma general. Entre ambos partidos se aplicaban tarifas especiales, muy favorables respecto a las que regían en las aduanas del Marquesado para los aragoneses de Valencia y para los castellanos de «la tierra del Rey», considerados igualmente extraños a estos efectos.

El Marquesado estaba defendido por buenas fortalezas, como las de Garci Muñoz, Belmonte y Alarcón, en el obispado de Cuenca, o Chinchilla, Villena, Jorquera, Hellín y Yecla, en el de Cartagena, y por un buen número de castillos y villas amuralladas o fortificadas, que en caso de guerra se prestaban auxilio mutuamente. Sin embargo, la amenaza siempre existente de una invasión, y de bandolerismo, que estragaba la comarca, aconsejaban dotar a la comunidad de una fuerza propia que colaborara con las mesnadas del Marqués y, llegado el caso, pudiera incluso sustituirlas. A este fin, en una junta celebrada en Villena bajo la presidencia del señor, se creó la Hermandad del Marquesado en 1386. Las condiciones de mutua ayuda, y protección entre los pueblos del territorio quedó reglamentada, y se creó un cuerpo de carácter militar y policíaco, sostenido por los concejos y gobernado por cuatro alcaldes, vecinos de Garci Muñoz y Belmonte, por el obispado de Cuenca, y de Villena y Chinchilla, por el de Cartagena. Así nacía otra de las instituciones que más contribuyeron a la creación de una conciencia de unidad regional en la Mancha de Montearagón.

Contra lo que pudiera pensarse, el mantenimiento de aduanas, la desobediencia casi sistemática al Rey de Castilla y el tradicional aislamiento del Marquesado no significaron, en modo alguno, que este territorio viviera de espaldas a sus vecinos, ni que su economía fuera autárquica. Desde el estricto respeto a sus normas legales propias, y desde la valoración de su personalidad, el señorío estableció acuerdos económicos preferenciales, sobre bases de igualdad, con regiones o municipios de los alrededores, como Murcia y su tierra, o como Alcaraz. Cuando los procuradores crearon la Hermandad, cada pueblo quedó en libertad de establecer sus propios conciertos, que podrían hacerse extensivos a toda la comunidad, con quien lo estimara conveniente. La propia Murcia, y posiblemente también Alcaraz, se adhirió luego como un miembro más a este pacto para la defensa y la represión del bandolerismo.

Por diversas causas, pero sobre todo por el autoritarismo de don Alfonso, que se había convertido en un casi monarca absoluto de su señorío y estaba a punto de enfrentar a sus pueblos contra el gran poderío de Castilla, los concejos del Marquesado enviaron secretamente a pedir a Enrique III que tuviese bien acogerlos en los dominios de la Corona, manteniendo sus libertades y su unidad. Una sublevación con ayuda de las tropas reales expulsó en 1395 a don Alfonso, y el Marquesado pasó a depender directamente de la Corona, pero no perdió por ello su conciencia regional. La Hermandad siguió funcionando durante toda la vida del Monarca, y las Juntas continuaron celebrándose. Acudían, a ellas los procuradores con sus credenciales y con instrucciones concretas, dadas casi siempre en la asamblea de vecinos o concejo abierto de cada localidad, para discutir los problemas surgidos en la tierra y defenderse conjuntamente de los abusos de poder que cometían los servidores de la justicia real, la pretensión de la Monarquía de imponer la presencia de corregidores, merinos o adelantados, o las arbitrariedades de los recaudadores de impuestos y aduanas. Cuando, a la muerte de Enrique III, la Hermandad se disolvió por no haber sido confirmada, los pueblos del partido del obispado de Cartagena se reunieron para pedir a su viuda, Catalina de Láncaster, que volviera a ser restablecida con arreglo a la vieja costumbre, a lo que ésta hubo de acceder.

Durante el siglo XV, las juntas siguieron celebrándose, cada vez con mayor regularidad, dos o tres veces al año. Fue competencia suya la revisión y ampliación de acuerdos, el ejercicio del derecho de petición, y la prestación del juramento de fidelidad y homenaje a los sucesivos señores que, muy a pesar suyo, hubo de soportar el Marquesado todavía. En 1409, los procuradores de las villas fueron juntos a Valladolid, a recibir como duquesa de Villena a la infanta doña María, hermana de Juan II, y a su madre, doña Catalina de Láncaster, reina regente, de la que exigieron un juramento de respeto a las costumbres y privilegios que desde tiempos de los Manuel gozaba el señorío.

Tanto doña María como sus cuñados, el infante don Enrique de Aragón y el rey don Juan de Navarra, que sucesivamente, y con algunos intervalos de tiempo, le sucedieron en el señorío, o como los Pacheco, que fueron los últimos marqueses de la Edad Media, encontraron en las juntas la respuesta firme de sus vasallos frente a sus pretensiones y exigencias de tributos y hombres de armas. Los procuradores solían reunirse en Corral Rubio, aldea entonces de Chinchilla, lugar escogido tanto en función de su situación central en el partido del obispado de Cartagena, que facilitaba el desplazamiento desde todos los puntos del Marquesado, como para evitar los roces que, por cuestiones de etiqueta o prioridad en el asiento o en el uso de la palabra, solían producirse entre los procuradores de las villas más importantes. No obstante, algunas veces se realizaban las juntas en Almansa, Albacete, u otras localidades, prolongándose a menudo las sesiones por dos o tres días.

Aunque las ambiciones nobiliarias fragmentaron a veces el Marquesado a lo largo del siglo XV, apartando de él algunas localidades e incluyendo otras que antes no le pertenecían, o enfrentando a los pueblos en violentísimas luchas, que dejaron entre ellos secuelas de odio, los que todavía permanecían unidos en cada momento no olvidaron sus tradicionales juntas, y éstas se convirtieron frecuentemente en instrumentos de resistencia antiseñorial, donde los procuradores discutían con los gobernadores del Marquesado sobre la mejor forma de defender la tierra contra los moros y contra otros peligros, la recaudación de tributos, y demás asuntos de interés común. Cuando se trataba de alguna empresa reconocida por todos como útil, cada pueblo pagaba su parte sin protestar, como ocurría con la edificación de fortificaciones en Jorquera, que corrió a cargo de los municipios hermanados, pero en cuestiones de servicios, pedidos e impuestos, o de levas de hombres de armas, que el señor quería utilizar según su conveniencia, solía escucharse la voz de los representantes de las villas protestando y regateando al máximo en beneficio de sus convecinos.

La resistencia municipal frente al autoritarismo señorial, ya muy fuerte en tiempos de Juan de Navarra, se hizo especialmente notable en los de Juan Pacheco y su hijo, Diego López Pacheco, que dominaban la voluntad del débil Enrique IV de Castilla y utilizaron su poder para convertirse en los más grandes caballeros del Reino. Tras anexionar ilegalmente al Marquesado la ciudad de Alcaraz con su enorme territorio, y prolongarlo por tierras de Cuenca y Guadalajara y con la posesión del Infantado, que pasó a su control por matrimonio, se encontraron dueños de toda La Mancha, pues su hermano y tío, Pedro Girón, era maestre de Calatrava, y Juan Pacheco lo fue de Santiago. Su fuerza fue tan grande que Diego López no dudó en desafiar a los propios Reyes Católicos, recién accedidos al trono, y alzar las banderas de La Beltraneja, dando comienzo a una guerra civil, que precisamente iba a empezar en estas tierras.

Con el alzamiento de Alcaraz contra Diego López Pacheco, primer episodio de la guerra del Marquesado, que vino a incidir sobre un estado de profunda inquietud y descontento ya patente desde hacía años en la comarca, los pueblos del señorío se animaron a sacudir el yugo que los mantenía sujetos a la voluntad de los turbulentos magnates. A lo largo del año siguiente, 1476, Villena, Almansa, Chinchilla, Albacete, y otros muchos, se sumaron a la rebelión y proclamaron su apoyo a los Reyes Católicos, tras haber obtenido secretamente su promesa de respeto a las libertades y tradiciones de la tierra y la garantía de que jamás otro señor volvería a tener autoridad sobre ellos.

Mientras mantenían aún en la comarca una lucha atroz contra los partidarios de Diego López Pacheco, las poblaciones que habían conseguido liberarse enviaron de nuevo sus procuradores a Corral Rubio. Las juntas allí constituidas en diciembre de 1476 asumieron entonces todos los poderes del territorio, dictaron ordenanzas de carácter económico y militar, recabaron para sus municipios la responsabilidad de las operaciones y acordaron pedir a los Monarcas que retirasen sus tropas, que ayudaban poco en la guerra y constituían en cambio una amenaza para las libertades populares, y que no enviasen a los pueblos del Marquesado, que acababan de conquistar su independencia, corregidores o gobernadores que pudieran comprometerla. Está claro que, a pesar de haberlos reconocido por soberanos, los procuradores tenían ya el presentimiento de que los Católicos no venían a defender desde el trono, como habían prometido, las libertades ciudadanas, y se aprestaban a preparar un dique contra su autoritarismo.

La actitud verdaderamente revolucionaria de las juntas de Corral Rubio de 1476, tenía ya precedentes, pero nunca como en este momento se expresa tan claramente la voluntad de autogobierno de los pueblos, su aversión hacia el sistema señorial y su modelo frente a la idea centralizadora y autoritaria de la Corona. Jamás estuvo el Marquesado tan cerca de lograr su sueño secular: el gobierno de sus villas y ciudades por sus propios representantes, libres de la autoridad de los señores y de las interferencias de los reyes, solidarios entre sí y reunidos en la propia tierra, al menos dos veces al año, «para entender en las cosas conplideras… al servicio de los reyes … e al pro e bien común e los dichos pueblos»

El establecimiento de un estricto control sobre la riqueza del territorio, prohibiendo terminantemente la exportación de trigo; la defensa de los antiguos privilegios que eximían a los naturales de pagar derechos de aduana en tráfico, con Aragón; la voluntad, resuelta de oponerse por todos los medios a la venida de corregidores y gobernadores, que pudieran poner en peligro, sus libertades históricas, son otros tantos acuerdos de las juntas de Corral Rubio de 1476, que durante algún tiempo vieron cumplidas en parte sus aspiraciones. Sin embargo, este tipo de juntas no tenían cabida en la idea de monarquía autoritaria que pretendían implantar los Reyes Católicos. Tras un breve período de condescendencia, forzada en parte por su propia inestabilidad en el trono, los Monarcas emprendieron la tarea, de recortar la autonomía, de que los municipios habían gozado, haciendo tabla rasa de sus derechos florales. Los primeros corregidores fueron rechazados, pero pronto vinieron otros para quedarse en el Marquesado, que pasó a depender de gobernadores y pesquisidores, a menudo expertos en la represión. En este empeño contaban con el respaldo de las fuerzas Valencianas del conde de Cocentaina y Gaspar Fabra, o las del capitán Andrés Mateo de Guardiola, acantonadas en la tierra durante la guerra civil y mantenidas después con el objeto primordial de apoyar con su poder disuasorio las reformas centralizadoras introducidas por los delegados de la autoridad real.

En 1480, con la firma de la paz definitiva entre los Reyes y el Marqués Diego López Pacheco, el antiguo estado de Villena se disgregó, pasando a integrarse en los dominios de la Corona la mayor parte de sus pueblos. El vencido conservó solo algunos importantes en el obispado de Cuenca, la villa de Jumilla, y algunas otras, como Alcalá. Pero incluso para las liberadas, estas fechas significaron el principio del fin de sus libertades y los comienzos de su decadencia política. Aunque continuaron unidas y lucharon con valor por el mantenimiento de sus derechos históricos, su sorda resistencia, expresada en las juntas y en los innumerables pleitos emprendidos en la Audiencia y la Chancillería, fue debilitándose progresivamente ante el poder creciente del Estado moderno que empezaba, a construirse.

Todavía a fines del siglo XV conservaban las juntas una vitalidad que las hacia peligrosas para los intereses de la Monarquía, y algunos gobernadores intentaron sin éxito suprimirlas. Sin embargo, pronto iban a dejar de ser una amenaza para convertirse sólo en una incómoda pervivencia de un pasado de libertades que cada vez se veían más recortadas. Bajo Carlos I las actas de las celebradas en Corral Rubio, Albacete, Yecla, La Roda, y otras localidades, nos transmiten las protestas de los procuradores contra los desafueros cometidos por las autoridades reales y el malestar por la pérdida progresiva de los privilegios económicos y aduaneros, que arrastraba a las gentes a la ruina. También, se oyen duras críticas contra la ciudad. de Murcia, que por tener voto en Cortes, representaba en ellas a toda esta región, pero servía sólo sus propios intereses y desconocía, en cambio, las aspiraciones de poblaciones como Chinchilla, Yecla, Villena, Almansa, Hellín o Albacete, orgullosas de su historia y de su todavía importante población, pero frustradas al no ser escuchadas en sus legítimas reivindicaciones.

En la asegunda mitad del siglo XVI, aún se escuchaba la ya débil, pero todavía orgullosa voz de Chinchilla negándose a ser considerada murciana, y protestando, desde el derecho que le confería su historia, contra injusta situación que permitía a esta ciudad, ajena, cuando no contraria, a sus intereses, hablar en las Cortes por esta comarca manchega Chinchilla, perdiendo

población, decae irremediablemente. Villena se mantiene con graves dificultades. Albacete menos noble y antigua, va sustituyendo lentamente a estas poblaciones a la cabeza del viejo señorío de Villena, convertido ya en una simple gobernación, pero tampoco escapa a la crisis general. Los pueblos del Marquesado, que habían adelantado en casi medio siglo los propósitos que guiaron más tarde a los comuneros de Castilla, y habían tenido el vigor suficiente para luchar por ellos en una larga guerra, estaban ahora empobrecidos, agotados y roídos por los impuestos y las levas que exigían los Habsburgo para sus empresas imperiales, y por los derechos de aduana arbitrariamente cobrados.

Bajá Felipe II, ahogadas ya casi por completo las libertades del Marquesado por el poder del aparato estatal, las protestas son aún más escasas y moderadas y las presiones sobre los procuradores mucho mayores. Las juntas no eran ya sombra de lo que fueron. Se limitaban a regatear a la Corona soldados y subsidios, cuando no a decidir sumisamente qué cantidad correspondía pagar a cada pueblo para completar las cifras exigidas desde Madrid. Ya no se oían siquiera las voces que en el primer tercio del siglo XVI reclamaban insistentemente qué, pues los nuevos tiempos obligaban a renunciar a los privilegios del pasado, se llevase a cabo la verdadera unificación efectiva de Castilla y Aragón y se acabase con la vergüenza de los reinos privilegiados que veían impasibles la pérdida de Castilla y sus regiones, comprometidas en solitario en las absurdas empresas, imperiales de la Monarquía.

Los actos de resistencia son ya escasos y desesperados, pero demuestran que aún no había muerto por completo la solidaridad regional y el orgullo ciudadano. En 1569, en una junta celebrada precisamente en Albacete, los procuradores se negaron a proporcionar al ejército que Felipe II, enviaba contra los Moriscos de las Alpujarras los 10.000 hombres y 16.000 ducados que exigía el licenciado Molina, máxima autoridad en lo tocante a esta guerra. Todos ellos fueron presos en la misma sala de sesiones, pero ni aun así consintieron el pagó de sumas tan exorbitantes. Al fin, negociando, se llegó aún acuerdo de dar solamente 3.000 hombres y 8.000 ducados. La cantidad es sensiblemente menor, pero el hecho mismo de que un representante de la Corona se atreviera a prender a la junta en pleno, nos habla de la profunda decadencia de unos pueblos que en otra época se hubieran visto conmovidos sin duda por graves disturbios con este motivo. 

Comenzaba en la tierra de Montearagón, convertida ya en una pieza más de la maquinaria del Estado, privada de su propia capacidad de autogobierno y de cualquier voluntad propia que no fuera agradar a la Corona, un proceso, luego mucho más acentuado, de pérdida de una identidad forjada a lo largo de siglos de desertización, y empobrecimiento de abulia y pesimismo, de triste conformismo, y sacrificios sin cuento al servicio de Intereses extraños. El Marquesado empezaba a parecerse a lo que es hoy, un territorio vacío, de riquezas mal aprovechadas, olvidado y postergado, servidor de todos y atendido de nadie. 

Poco sabemos además del fin de las juntas del Marquesado. Este pequeño parlamento que llegó a gobernar la tierra en los momentos más brillantes de su historia, que fue símbolo de la unión y del orgullo regional, debió languidecer paulatinamente hasta extinguirse por completo. En 1640, ante el naufragio de la monarquía española y de sacrificios que la política del Conde Duque planteaba, un movimiento separatista recorrió la Península. Portugueses, catalanes, andaluces, aragoneses, pretendieron, por distintos motivos y desde perspectivas muy diversas abandonar la nave que se hundía. Unos lo consiguieron, otros lograron solamente mantener sus privilegios, y otros tuvieron que capitular. Por entonces la Mancha de Montearagón no tenía ya siquiera las fuerzas suficientes para intentar la aventura. Es muy posible que las juntas del Marquesado fueran ya sólo un recuerdo en la conciencia colectiva de sus pueblos. El viejo estado de Villena estaba pagando el precio de haber luchado por sus libertades con demasiada anticipación.

Aurelio Pretel