2025 PARALIZADAS LAS OBRAS DEL PALACIO CONSISTORIAL POR DISCREPANCIAS TÉCNICAS

El Ayuntamiento denuncia la paralización de las obras del Palacio Consistorial por discrepancias entre la constructora y la dirección de obra.  La concejalía no descarta la aplicación de sanciones a la empresa adjudicataria que reclama un modificado de 700.000 euros para el refuerzo de las vigas y a la Dirección de Obra que lo cifra en 20.000.

Villena, 20 de noviembre.- El concejal de Obras Municipales e Infraestructuras, Javier Martínez, ha anunciado la apertura de un proceso de análisis que podría derivar en sanciones ante el conflicto de intereses entre la empresa constructora y la dirección de obras encargadas de la reforma del Palacio Consistorial.  La razón de esta disputa tiene que ver con la situación de la estructura y la capacidad de carga de las vigas de este edificio histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), que hoy mantiene paralizada el desarrollo de su rehabilitación. Una situación que ha motivado la intervención del Ayuntamiento, comprometido en la defensa de los intereses municipales.

Esta paralización se produce una vez que la constructora considera que el refuerzo de las vigas y de la estructura del inmueble, una vez realizadas las obras de derribo, requieren un modificado de 700.000 euros, un 57% del precio de licitación de la actuación, puesto que considera que las catas previas no dieron un resultado representativo ni real de su estado de conservación. Por su parte, la dirección de obra – entidad que logró el contrato por concurso público – estima que el refuerzo de las vigas se solventa con una modificación de 20.000 euros.

Martínez ha calificado de “incomprensible” la gran diferencia en la cuantificación del nuevo problema y ha señalado que “más allá de una cuestión de precios, también está la valoración y capacidad de ejecutar una actuación más compleja, y de saber si la empresa adjudicataria tiene capacidad de realizarla”.

Para el edil de Obras Municipales, esta situación supone de hecho la paralización que se mantiene desde mayo, y un retraso en la finalización de la rehabilitación de este edificio singular. Con el objetivo de solventar esta situación, se ha dado un plazo a las dos partes para que justifiquen sus posturas, previo a la decisión que el Ayuntamiento adoptará, que incluye desde la sanción como establece la ley a cualquiera que incumpla los plazos como a la anulación del contrato.

El mejor escenario para el edil es un acuerdo técnico entre ambas posturas que asegure la viabilidad del proyecto de rehabilitación tanto en el ámbito económico como en el técnico, donde el respeto al edificio histórico y todas las garantías de conservación y seguridad estén por encima de todo. En caso contrario, el Ayuntamiento aplicará la norma y las garantías que ambas empresas han depositado con la firma de sus respectivos contratos.