D. JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ Y LA LAGUNA
ABRIL de 1835. La regencia de María Cristina vive momentos angustiosos. El ministerio moderado de Martínez de la Rosa se esfuerza denodadamente en sofocar el alzamiento carlista y controlar la progresiva radicalización del liberalismo potenciada por aquél. Hace más de un año que Zumalacárregui ha convertido las partidas anárquicas que pululaban por el Norte en un ejército eficaz. La lucha se generaliza por Aragón, Cataluña, Valencia y Castilla. En el Maestrazgo, isabelinos y carlistas llevan la guerra a sangre y fuego, de un modo salvajemente expeditivo, antes y después del fusilamiento de la madre de Cabrera. El gobierno de Madrid es imponente "para ahogar de una vez y para siempre al monstruo que en el norte nos devora", como escribirá Larra.
Con este telón de fondo, sombrío y tenso, se están desarrollando las sesiones de la primera legislatura de las Cortes del Estatuto Real que ha servido para deslindar con nitidez los dos grandes grupos —todavía no partidos— que dominarán la vida política del siglo: moderados y progresistas. El 30 de Abril se debatía en el Estamento de Procuradores la deuda interior. Joaquín María López, diputado desde el año anterior por Alicante, iniciaba la brillante carrera que había de conducirle a escalar los más altos puestos de la nación. En unión del conde de las Navas —otro de los más calificados representantes de la joven generación progresista decididamente radical— presenta una adición al artículo 5.° de la deuda interior pidiendo que se declararan pertenecientes al Estado y aplicables a la amortización de la deuda sin interés, los bienes con los que Fernando VII dotó a don Bernardo Elío tras concederle el título de Marqués de la Lealtad: una propiedad cercana a la mina de azufre de Hellín y la finca de la Demarcación de la Laguna de Villena.
La desecación de la Laguna había sido planeada y llevada a efecto por el Arquitecto Mayor de Carlos IV, Juan de Villanueva, en 1803. El coste total de la obra —incluyendo la construcción de la Acequia del Rey— ascendió a 1.444.496 reales, entregados por la Tesorería de Rentas de Murcia por libramiento y en conformidad con las Reales Ordenes de 23 de Abril y 15 de Junio del mismo año. Concluida la desecación, los funcionarios reales, dirigidos por Villanueva, acotaron el álveo de la Laguna, formándose así una extensa finca de unas 20.000 tahúllas que contaba con las aguas de la Fuente del Chopo y de otros manantiales.
Automáticamente, la Real Hacienda se hizo cargo del dominio directo y administración de las tierras, pero cedió el dominio útil y la explotación de las parcelas a colonos a quienes impuso un diezmo análogo al que se pagaba a la Iglesia. Este estado de cosas se prolongó hasta que Fernando VII, que había concedido en 1823 al hijo del difunto general Elío el título de Marqués de la Lealtad, dotó al flamante marquesado, al cabo de dos años, con la propiedad plena de la Demarcación de la Laguna.
Esta donación va a ser impugnada enérgicamente por don Joaquín María López en el debate sobre deuda pública del Estamento de Procuradores de 30 de Abril de 1835.
El autor del presente trabajo, nuestro paisano Sebastián García Martínez, que ha sido premiado recientemente en los LXXX Juegos Florales de "Lo Rat Penat", de Valencia, con el tema "Régimen Historic-Juridic d'aigües de Villena"
Inicia su discurso el diputado alicantino haciendo constar que pese a ser él mismo oriundo del lugar donde radica la finca de la Demarcación, no le mueven intereses particulares ni enemistades manifiestas. Insiste en que fue la Real Hacienda —y no el Rey—quien devengó los gastos de la desecación, otorgó la escritura a los colonos y percibió los rendimientos en forma de diezmos. Y lanza a continuación un ataque durísimo contra la administración de don Bernardo Elío: "Yo prescindo, por no creerlo de este momento, de las violencias y vejaciones que el nuevo Marqués, abusando de las ventajas de su posición y de la época, ha causado a aquellos infelices propietarios. Barrenando la donación en su esencia, llevándola en la Demarcación a aquellos límites que le indicaba su voluntad insaciable, invadiendo terrenos de dueños conocidos, desnudando a los enfiteutas del carácter de tales, bajo cuyo solo concepto habían podido invertir sus sudores y caudales en reducir a cultivo estable unas tierras que antes sólo eran páramos inútiles, obligándoles a la ley dura de un arrendamiento que llevaba sobre sí el sello de la ilegalidad, los ha reducido a una clase poco menos que de feudatarios, y entre tanto, los infelices han tenido que sufrir en silencio, porque tribunales especiales llamados protectores del marquesado hacían absolutamente desesperada la lucha, siempre expuesta, de la miseria con el poder". Prescindiendo quizá de alguna exageración, producto del fuego oratorio, el rotundo párrafo decimonónico refleja plásticamente la penosa realidad de una situación notablemente injusta.
La cuestión vuelve a debatirse el 18 de Mayo. De nuevo hace uso de la palabra Joaquín María López exponiendo a los Procuradores la justicia estricta y la conveniencia nacional de la medida, haciendo resaltar la inmoralidad que supone el que el Rey disponga de los bienes del Estado a su antojo, y aludiendo a la personalidad —particularmente irritante en aquellos momentos— del general Elío, en cuyo sucesor quiso premiar Fernando VII la lealtad de su adicto general: "Si pues tales propiedades eran de la nación y nada tenía que ver con ellas el peculio particular de S. M. ¿podía éste donarlas para remunerar servicios? qué servicios, señores!— ¡el de haber tendido las cadenas de la esclavitud y de la opresión sobre la patria, a quien todavía se quiso obligar a que pagase a quien la había asesinado!". Acaba su discurso invitando a los diputados a volverse contra el pasado con estas vibrantes palabras: "No miremos, señores, con tanto respeto supersticioso, mejor diré, con tanta idolatría, todas las cosas que datan de la pasada época, y sí hagamos ver al mundo, por el contrario, que si los gobiernos absolutos cometen in-justicias, los gobiernos liberales saben a su vez también repararlas".
Pero pese a la fértil elocuencia y patente habilidad de su discurso, el Estamento de Procuradores —en el que los progresistas eran minoría— desechó la adición al art. 5.° de la deuda pública al día siguiente, 19 de Mayo.
Sin embargo, en 1837, una vez que la "sargentada de la Granja" había pulverizado el sistema del Estatuto Real, Joaquín María López plantea el asunto en las Cortes una vez más. La comisión nombrada al efecto resuelve que declarar la nulidad del título de Marqués de la Lealtad era facultad del Gobierno, mientras que la cuestión de las fincas competiría a las mismas Cortes. Un diputado, Salvador de Arce, recuerda la sentencia de 19 de Mayo de 1835 desechando la demanda, y opina que el asunto debe llevarse por el poder judicial. Este es el momento en que interviene López insistiendo en no dar por cancelado el problema con el dictamen de 1835.
Deshace la argumentación de Arce, a la que califica de "evasiva y especiosa", y finaliza el discurso con su característica brillantez y mágica adecuación entre el fondo y la forma: "Este negocio, lo repito, es solo propio del poder legislativo, y fuera sobre irregular, tiránico y violento obligar ahora a los desposeídos a reclamar sus fincas ante los jueces contra una persona poderosa, causándoles después de tantos perjuicios, el de gastar nuevas sumas, que ciertamente no tienen, porque eran propietarios en pequeñas suertes, para entablar con dudoso éxito una reclamación que las Cortes pueden y deben hacer, haciendo por sí mismas triunfar la justicia". La última actuación del tribuno villenense en las Cortes fue tan decisiva que en el transcurso del mismo año de 1837 fue confiscada la finca de la Demarcación de la Laguna al Marqués de la Lealtad, don Bernardo Elío, y convertida de nuevo en finca patrimonial del Estado, explotada por el sistema de censos enfitéuticos. Era volver al método empleado en los años subsiguientes a la desecación y si bien se mantenían las cargas fiscales —bajo la forma de diezmos— la administración estatal se encargó de que desaparecieran algunas de las irregularidades anteriores.
Sebastián García Martínez
Extraído de la Revista Villena de 1964
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