PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SU IMPORTANCIA PARA LA VIDA MUNICIPAL) Por Rafael Ortigosa Quiles.
Generalmente, el concepto de participación ciudadana está sujeto a multitud de interpretaciones y concreciones, lo único en lo que al parecer existe una mayoría de acuerdo, es en la necesidad de su desarrollo para la profundización del sistema democrático.
La participación ciudadana es una apuesta política decidida, a través de facilitar mecanismos por los que a comunidad puede influir en la toma de decisiones, a gestionar fondos púbicos para determinadas ejecuciones concertadas, por lo que el ciudadano y sus asociaciones han de estar formados y capacitados para poder ejercer este derecho.
La participación ciudadana es una dinámica dialéctica entre lo racional (las razones del poder) en contraposición a lo emocional y afectivo (la razón ciudadana, en palabras del Profesor Enrique Tierno), es decir, un punto entre la esperanza y sus límites,
Uno de los indicadores de la satisfacción ciudadana con la calidad de vida, es e poder percibido por los ciudadanos para influir en las instituciones comunitarias (Widgery, 1982), por esto la falta de canales apropiados de participación obliga a ejercer este derecho a través de reivindicaciones «en la calle» o en «los medios de comunicación» que en ocasiones pueden llegar a ser violentos y que reflejan la impotencia de la comunidad ante la imposibilidad de poder participar en decisiones que van a repercutir en su vida.
La voluntad política pasa por el referencia l imaginario de una red, donde los nudos son las asociaciones, las cuerdas los canales de participación y el poder las fuerzas que se originan con el movimiento de la red y no un archipiélago de islotes incomunicados donde el islote mayor ostenta el poder.
Para muchos políticos y técnicos, la participación ciudadana termina con la creación de unos reglamentos, el suministro de determinada información y la formación de consejos ciudadanos, pero la participación es un concepto dinámico, que ha de ir variando con la realidad social y ha de continuar su profundización hacia los individuos y no detenerse en sus asociaciones.
El poder tiende a controlar, por lo que tiende a primar mecanismos de participación donde los ciudadanos son meros espectadores que asisten a lo sumo, con voz y sin voto a decisiones de los que son cómplices al aceptar esos mecanismos y carecer de una verdadera opción de influir en los mismos.
En ocasiones, el poder confunde la participación con auto atribuirse el deber de convencer a la comunidad que representan, de la racionalidad de las medidas que toman, e incluso pueden llegar a convencer, pero realmente no ha existido participación ciudadana en la gestación de esas medidas, ya que la comunidad ha estado alejada de los foros de decisión.
Otras veces, proyectos bien intencionados de participación, se devalúan al estar la representación de la comunidad copada por personas «del partido». No obstante, hemos de reconocer que la administración local se halla emparedada entre unas administraciones autonómica y central aún más controladoras y con recortes del gasto público través de los recortes a la financiación local, con lo que la toma de decisiones municipales se vuelve en ocasiones muy compleja y los ciudadanos que demandan y reivindican nuevos y mejores servicios y mayores cotas de participación, no estando estos últimos en ocasiones capacitados para ejercer este derecho de modo efectivo, al ser movimientos basados en un alto grado de voluntariedad de sus impulsores que intentan movilizar sobre lo que se cree personalmente justo, pero que no siempre coincide con los sentimientos populares.
E movimiento ciudadano no ha de ser un «segundo sindicato» para reivindicar la falta de bienes y servicios, sino que ha de incluir en su dinámica cotidiana alternativas capaces de aglobar intereses colectivos y no caer en la trampa del corporativismo. El rejuvenecimiento de las asociaciones por lo tanto, ha de hacerse a través de la renovación de los contenidos, ya que paralelamente al asociacionismo clásico, ha aparecido lo que se ha venido a denominar el «movimiento alternativo» para canalizar intereses que no son recogidos por las asociaciones clásicas.
Asimismo, deberían evolucionar a esquemas de organizaciones no gubernamentales con formación de sus cuadros dirigentes y personas con dedicación remunerada.
Evidentemente, las decisiones las han de tomar los órganos de gobierno del Ayuntamiento que para eso han sido elegidos y legitimados, pero la población ha de poder haber participado en la elaboración del documento o proyecto que se ha de aprobar y luego han de ser capaces de participar en la gestión y ejecución de las actuaciones que se deben realizar, por lo que los fondos que llegan a los ayuntamientos no deberían ser finalistas.
En nuestra ciudad, pienso que hay hechos concretos que nos deben llevar a pensar que existe voluntad por parte de políticos, técnicos y asociaciones de apostar por una verdadera participación ciudadana, pero se echa en falta un foro donde periódicamente se reflexione sobre el estado del asociacionismo y del proceso de participación valorando y generalizando los elementos positivos y corrigiendo los errores detectados.
Extraído de la Revista Villena de 1992
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